La huelga es un derecho, y los futbolistas no hacen otra cosa que ejercerlo. No hay que demonizar, pues, la acción, ni cuestionarla sólo por el hecho de llevarla a cabo en una coyuntura de crisis económica, porque eso sería el principio conceptual de una renuncia a derechos laborales conseguidos con mucho sufrimiento y lucha, con independencia del colectivo que se beneficie de ellos. Lamentablemente, algunos ya se han perdido. Lo que hay que analizar son las razones que la motivan y el contexto en el que se produce. Una vez hecho ese ejercicio, ni los futbolistas, ni la patronal, los clubes, ni el propio Estado, salen demasiado bien parados.
Los jugadores reclaman, en definitiva, que se avale el cobro de los contratos firmados durante toda su vigencia, para lo que sería necesaria una provisión de fondos de la que deberían participar todos los clubes de la Liga, incluso aquellos que están al corriente de sus pagos. Dos demandas no sólo fuera de la realidad, porque ninguna empresa tiene garantizados los ingresos futuros, sino injustas, porque penalizan a quienes han gestionado mejor.
Nada menos que 22 clubes españoles, entre Primera y Segunda, se encuentran en la situación de Concurso de Acreedores, lo que antes se conocía como Suspensión de Pagos, un hecho sin parangón en Europa. Para ayudar a pagar a los jugadores de esos equipos, la patronal provisiona unos 10 millones de euros anuales, pero sólo esta temporada, la AFE asegura que existen deudas con 200 futbolistas profesionales por valor de 50 millones de euros.
La situación acarrea, además, una adulteración de la competición, porque no todos los clubes participan con las mismas exigencias económicas. Como dice Lendoiro, "en este país, si debes dinero a un futbolista, tienes un problema; si le debes a toda la plantilla, no. Te acoges al Consurso de Acreedores y continúas". Algo parecido manifiestan Miguel Ángel Gil y Cerezo con respecto a las diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas deportivas y el de los cuatro clubes a los que no se exigió su conversión, en virtud de sus cuentas de entonces. Todo producto de una ley hecha a medias y que urge modificar.
El Consurso de Acreedores es una situación a la que pueden acogerse como sociedades anónimas, algo que les permite eludir el principio legal de que no estar al corriente de los pagos se pagará con el descenso. En Europa, esos clubes no podrían jugar. La exclusión del Mallorca de la Europa League fue un ejemplo. La intervención judicial y el control económico que implica también se burla con maniobras paralelas, como la ayuda de fondos financieros, ligados en muchos casos a los dirigentes, para realizar fichajes, como ha sido el caso del Zaragoza. Al Estado corresponde, pues, mayor dureza y rigor.
Es curioso que la amenaza de huelga anterior a ésta no partiera de los jugadores, sino de la Liga, por las reclamaciones que tiene frente al Estado, sea por el tipo del IVA o la porción que le corresponde de las quinielas, entre otras muchas. La Liga reclama al Estado y la AFE a la Liga, todos en busca de un dinero malgastado. La Liga ha realizado muchos intentos de control económico interno, ha desarrollado numerosas iniciativas en los últimos años, pero su problema es que se trata de un gran club integrado por todos aquellos presidentes que han cometido los errores. José Luis Astiazarán no es el culpable de todo lo que pasa. La raíz es mucho más profunda.
El organismo no tiene competencia sancionadora, ni de control de los árbitros, que corresponden a la Federación, y su sentido, desde su creación, era la negociación mancomunada de los derechos de televisión y los recursos de explotación conjunta. La ruptura de la fórmula global, por el interés de los dos grandes, ha debilitado el poder de la organización y fragmentado la competición. Los derechos de televisión reportan a los clubes de la Liga 612 millones, mientras la Premier ingresa 1.270 y la Seria A italiana, 915. Algo se hace mal, es evidente.
La AFE, por su parte, no se ha preocupado de poner en marcha fondos de garantía salarial, con cuotas porcentuales a sus asociados. En su primera asistencia a una reunión, Johan Cruyff ya lo pidió, como sucedía en Holanda. Fue en 1976, hace 35 años. Parte de los gastos de gestión de la AFE son sufragados por la asignación que recibe de la Liga, como los grandes sindicatos del Estado. Un mal asunto. Su nuevo presidente, Luis Rubiales, criado en el fútbol modesto y que sabe lo que es no cobrar la nómina, como le sucedió en el Levante, ha llegado con fuerza, con ganas de que el organismo se modernice, tenga voz y poder. Está muy bien, pero en paralelo a las exigencias a los clubes, debe comprometer a las estrellas a algo más que una foto propia de un "politburó". Si no, los futbolistas corren el peligro de situarse fuera de la realidad y de generar rechazo social. Su huelga, además, es "light", como prueba el hecho de que sí disputen competiciones en Europa o se entrenen con muchos de sus clubes. Eso no es estar en huelga de verdad.
Una vez conseguido que se oiga su voz, demostrar su posición, es momento para Rubiales de acercar posturas, de negociar con sentido de la realidad. El fútbol necesita medidas a corto plazo, como una solución a la huelga; a medio, como la moratoria concedida por la Liga a los clubes con deudas, hasta 2015, y a largo. Éstas últimas corresponden a todas las partes, pero también al Estado. Hay que empezar por crear una CNMV para el fútbol, un organismo de control independiente de la Liga que autorice las operaciones y determine el porcentaje máximo de los ingresos que se puede destinar a salarios. El futuro será complicado, con un descenso del maná de la televisiones, y el fútbol se ha de adaptar, presidentes, futbolistas y aficionados".
