SANCIONES MÁS DRÁSTICAS

Hace poco más de veinte años se firmó un plan de rescate para los clubes de fútbol españoles entre Antonio Baró, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y Javier Gómez Navarro, secretario de Estado para el Deporte, que se dio en llamar Plan de Saneamiento y que tendría una vigencia de doce años, hasta el 31 de diciembre de 2002. Era la segunda vez que el Estado auxiliaba a los equipos de fútbol en el plazo de seis años, pues en 1985 les condonó una deuda global de unos 20.000 millones de pesetas. En 1991 los dirigentes de los clubes habían acumulado de nuevo un déficit de más de 31.000 millones. Ese acuerdo parecía el definitivo, según declaró en ese momento Gómez Navarro: "Deseo dejar bien claro que el fútbol no se sanea si no quiere y esta será la última oportunidad que la Administración ayude al fútbol español". Agotado el recurso de los planes de saneamiento, los clubes recurren ahora a las leyes concursales para evitar los pagos. La Federación de Aficionados y Socios del Fútbol Español (Fasfe), entre otras agrupaciones, solicita medidas más drásticas, tanto civiles como penales. Otros, como el Deportivo, solicitan también sanciones deportivas.

En 1991 entró en vigor una nueva ley del deporte en la que se le otorgaba, y otorga, a la LFP la potestad de aplicar "con rigurosidad" la normativa, decía Gómez Navarro, que afirmó en ese mismo acto que la patronal podía actuar con contundencia: "tiene la potestad de decidir si desciende de categoría o incluso expulsar de la LFP o de las distintas competiciones a aquellos equipos que no se ajusten a la nueva normativa". Los dirigentes de la Liga fueron obedientes, tanto que cuatro años más tarde, en 1995, provocaron uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español al decretar el descenso a Segunda División B del Celta y del Sevilla. Al equipo vigués le faltaba un aval por valor de 45 millones de pesetas y al sevillano, otro por 85 millones. La LFP aplicó la norma, que dice que ninguno podría jugar en categoría profesional. Ambos clubes pasaban de pronto de Primera a Segunda División B.

Dieciséis días después los dos equipos eran restituidos en la máxima categoría, en una decisión salomónica de la propia Liga, que tuvo que retomar el asunto una vez que el Consejo Superior de Deportes (CSD) rechazó los recursos que habían presentado los dos clubes damnificados, que fueron repuestos en Primera División. Faltaban apenas dos semanas para que se iniciase la competición y el calendario sufrió un vuelco. De un día para otro, la máxima categoría pasaba a tener 22 equipos, ya que a la decisión de descender al Celta y al Sevilla a Segunda B se unió la de aupar a Primera al Albacete y al Valladolid, ya que cumplían con toda la documentación exigida. En esos días, la rivalidad quedó a un lado. Lo demostró Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, uno de los más firmes contestatarios de que la LFP descendiese a celtistas y sevillistas. En aquel momento había declarado: "Esta medida es como si tiras una colilla al suelo y te caen diez años de cárcel".

Fue la primera y única decisión dramática de la Liga del Fútbol Profesional, creada en 1985 tras la firma del primer Plan de Saneamiento. Ahora está ante otra situación complicada debido al recurso utilizado por numerosos clubes para eludir una muy buena parte de sus obligaciones económicas, como es acogerse a la ley concursal, con la que eliminan una parte importante de sus números rojos y dejan a la mayoría de sus acreedores en situación precaria. Es lo que hace ahora el Zaragoza, incluso el Hércules, que va ya por su tercera concursal. Esta es la razón por la que se empiezan a exigir responsabilidades deportivas para los clubes y penales para los dirigentes.

La Federación de Aficionados y Socios del Fútbol Español (Fasfe) es una de las asociaciones que reclama que se establezcan responsabilidades judiciales para los dirigentes que, a causa de su mala gestión, conduzcan a sus clubes a una negativa situación financiera, que concluya con la entrada en la ley concursal. En este sentido se puede entender que también el Deportivo está exigiendo mayores responsabilidades para aquellas entidades que incumplan la normativa al exigir a la propia Liga que haga prevalecer la justicia deportiva. "Entendemos que es prioritaria, además de que no afecta al hecho de que esté en la concursal", dijo Augusto César Lendoiro hace unos días en referencia al asunto que lo enfrenta con el Zaragoza, del que pido su descenso administrativo, a causa de la deuda de 1.480.000 euros por la compra de Lafita.

La jueza María del Carmen Villellas, que admitió a trámite la entrada del club zaragocista en la ley concursal en apenas siete días, dictó la pasada semana una providencia en la que comunicaba a la Liga de Fútbol Profesional que se abstuviese de "imponer cualquier tipo de sanción derivada del eventual impago de cantidades a otro club". Un procedimiento que podría entorpecer los requerimientos del Deportivo, que esta semana contestó hablando de nuevas vías, entre ellas la de solicitar la paralización del campeonato profesional si la Liga no es capaz de imponer ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza sus propias competencias, pues considera que dicho juzgado "se inmiscuye en las propias normas y reglas, rompiendo así el principio de igualdad". Además, la asesoría jurídica del Deportivo interpuso un recurso de reposición ante dicho juzgado de los Mercantil, por la providencia dictada por la juez.

Los responsables del club blanquiazul defienden el espíritu de una ley del deporte que nació en 1991, cuando el Estado decidió asumir la deuda de los clubes de fútbol, con cargo a las quinielas. Una ley que surgió para evitar más planes de saneamientos y para evitar que los clubes continuasen endeudándose sin responsabilidad alguna de sus dirigentes. No lo consiguió. Ahora queda la trampa de la concursal. La solución pasa por ser más drástica en las sanciones. Lo piden los aficionados, sobre todo.fuente la opinion